SANTO DOMINGO.- La Procuraduría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales solicitó ayer juicio preliminar en contra del
síndico de Baní, el presidente de la Sala Capitular, varios regidores
de esa demarcación y la empresa Ciramar, en torno al caso de las dunas
de Baní, a quienes demandan el pago de una indemnización de 45 millones
de pesos.
El sometimiento fue hecho por el magistrado Andrés
Chalas Velásquez, quien pidió al juez de la Instrucción del Distrito
Judicial de Peravia, fijar audiencia preliminar para conocer la
acusación y ordenar la apertura de juicio en contra de los imputados.
El ministerio público presentó acta de acusación en contra del
síndico Nelson Camilo Landestoy, Yoham Montes de Oca, Carlos González
Melo, Salvador Peguero Báez, Cándida Carmen Medina, Juan Enrique
Guerrero Soto y Solange Catherine Pimentel. Además, contra los
empresarios Luis Eugenio Contreras Brea, Luis Eugenio Contreras Peña,
la empresa Ciramar Internacional Trading LTD y el Ayuntamiento
Municipal de Baní.
Al grupo se le acusa de participar de manera
activa y directa en el arrendamiento con derecho a compra privilegiada
de una porción de terrenos de 56,993.87 metros cuadrados en el área
protegida Monumento Natural Félix Servio Ducoudray, dentro de la
parcela número 977 del Distrito Catastral 5 en la comunidad de Salinas,
municipio de Baní, provincia Peravia, una zona protegida por ley.
Con
el Acta de Acusación fue depositado en el tribunal la querella con
constitución en actor civil interpuesta por el Instituto de Abogados
para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), el Grupo Mundo
Ecológico, el Grupo Jaragua, el Consorcio Ambiental Dominicano, la
Sociedad Ecológica de Baní y el Grupo Ecologista Tinglar, en fecha 24
de octubre del 2007, en contra de los imputados.
El Ministerio
Público solicitó, además, al tribunal ordenar la restitución del objeto
materia del hecho punible y en consecuencia disponer que los 56,993.87
metros cuadrados de terrenos que ocupa la empresa Ciramar International
sean devueltos al Estado Dominicano para su reintegración al área
protegida Monumento Natural Félix Servio Ducoudray.
Reparación de los daños
Asimismo,
el Ministerio Público demandó a los acusados al pago de 45 millones de
pesos como indemnización por concepto de reparación de los daños
producidos al Estado Dominicano con el hecho punible.
El grupo
está acusado de violar los artículos 138, 174, 175 numerales 1 y 2, y
176 de la Ley 64-00 del 18 de agosto del 2000, sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y artículos 3 Principio 5, 9, 25, 30, 31 párrafo
II, 33 y 37 numeral 30 de la Ley 202-04 del 30 de julio de 2004,
sobre Áreas Protegidas.
Conforme con la acusación, el
arrendamiento de esa porción de terreno fue hecha por el Ayuntamiento
Municipal de Baní en favor de la empresa Ciramar International.
La
Secretaría de Medio Ambiente sostiene que los terrenos de dunas
envueltos en la negociaciones en las Salinas-Baní, entre el
Ayuntamiento y la compañía Ciramar Internacional, están dentro del área
protegida y que forman parte del ecosistema Dunas de las Calderas.
La
entidad sostiene que esos terrenos están bajo la protección de las
leyes 64-00, de Medio Ambiente y la Sectorial 202-04 de Áreas
Protegidas.
Fuente: Listin.com.do
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