Santo Domingo. ¿Basta con 230 policías ambientales para proteger 48.000 km2 que además están en una zona geográfica especialmente vulnerable? ¿Basta con 27 millones de pesos al año para evitar que siga avanzado la degradación? Está claro que no.

Y a pesar de que no hay mensaje político más compartido por todas las siglas políticas que el de la defensa del medio ambiente, parece que tenemos un problema más grave que el de la falta de presupuesto. Según el general Valerio García, jefe de la Policía Ambiental, el problema mayor es que no tenemos estrategia, ni coordinación ni voluntad política de enfrentar el delito ambiental por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, como se debe y permiten y ordenan las leyes actuales.

P: 230 policías ambientales para todo el país. ¿A qué se llega con esas fuerzas?

R: Tenemos cuatro años tratando de fortalecer la Policía Ambiental y hemos

hecho más de 10,000 operativos con más de 7,000 personas detenidas y sometidas tanto por la vía administrativa como la vía judicial. Pero se manifiesta que muchos funcionarios de Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría de Medio Ambiente tienen un relajo el tema de los casos ambientales.

P: ¿"Relajo"?

R: Nos  cansamos de denunciar y de tratar de fortalecer los mecanismos y no pasa nada. Nunca hay ningún tipo de sanción, todo termina en una sanción

administrativa o en una conciliación o en un recurso de oportunidad en la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. De 7,000 expedientes la

Procuraduría ha procesado 243. De esos 243 han logrado alguna sentencia, la única que yo conozco es una de una grancera en San Cristóbal.

Y es más, los procuradores adjuntos ahora están haciendo los operativos  con

la Policía Nacional y tenemos denuncias de que algunos de ellos cobran dinero en efectivo para soltar algunos camiones. Un camionero de La Vega ha denunciado a un oficial de la Policía Ambiental y lo estamos investigando.

P: ¿La Ley no los faculta para hacer esos operativos con la Policía Nacional?

R: Deberían hacerlo con la PA y no nos advierten. La ley establece que  hay un doble proceso simultáneo, el artículo 168 de la ley 64-00 que la acción penal es independiente de la acción administrativa, por eso puede haber procesos paralelos, administrativos y penales y civiles. Algunos discuten que eso viola el principio de Non Bis In Idem  y esto ha provocado incluso que se me exija que se despache algunos detenidos y algunas incautaciones y sencillamente tienen que cumplir con el proceso administrativo. Yo solo soy

custodia de ambos casos, sea proceso administrativo o judicial.

P: Ustedes reclaman, ¿y...?

R: Nunca pasa nada. En algunos casos los procuradores se niegan a recibir los expedientes. Por ejemplo en Santiago hemos tratado de someter a Ecosisa, una empresa  de construcción que ha rellenado el arroyo Portezuela y el Procurador se niega a recibir el expediente alegando que ese es un conflicto entre la empresa y la Sociedad Ecológica del Cibao. Le envié una comunicación al Secretario donde le manifiesto mi preocupación, pero no he recibido todavía ningún tipo de respuesta

P: ¿Qué problema medio ambiental le preocupa más?

R: Que no haya una línea definida de hacia dónde vamos en materia de delito ambiental  y que no hayamos logrado una articulación de la política de protección ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente.

P: Y eso, a su juicio, ¿qué provoca?

R: ¡Es que falta una estrategia! Falta articular todos los mecanismos y falta desarrollar los mecanismos que establece la ley. No hay un reglamento de aplicación de la Ley, hay varios reglamentos por áreas pero no un reglamento de aplicación de la Ley ni tenemos una articulación real en todo el sistema.

La Procuraduría, las diferentes áreas técnicas, la Policía Ambiental... no se han integrado al Plan Nacional de Protección Ambiental. Eso debilita la persecución de delito ambiental.

P: Por lo menos existe un Plan Nacional...

R: No ha sido posible la ejecución del Plan Nacional de Protección Ambiental denominado Tolerancia Cero

Contra el Delito Ambiental, que en alguna ocasión incluso ha sido citado por el propio Presidente ante el Congreso Nacional y que no hemos podido ejecutar como se debe, porque no tenemos ni los recursos ni el apoyo. A veces me da la sensación de que la Policía Ambiental poco importa, tanto a procuradores como a funcionarios. Y como hemos tratado de fortalecer

 esta institución se ha creado una especie de animadversión. El problema mayor es la falta de sanción,  porque  es la sanción la que debe generar la disminución de la acción delictiva.

P: ¿Qué delito ambiental es más común?

R: Hay problemas de deforestación, de contaminación ambiental por desechos sólidos, contaminación de aguas subterráneas por aceites, de extracción de agregados de los ríos, de las construcciones en las márgenes de los ríos, en los 60 metros de la costa y el relleno de arroyos...

Voluntarios y militares

P: Desde hace 4 años, la Policía Ambiental ha desarrollado redes de voluntarios. ¿Han funcionado bien?

R: Muy bien. Articular grupos de voluntarios es parte del Plan de Protección Ambiental, una vertiente son las operaciones represivas y la otra es la preventiva   basada en el trabajo con la sociedad. Siempre tuvimos claro que la represión no es suficiente para disuadir el delito ambiental. 

P: Empresarios, deportistas, comunitarios... ¿cómo se integran?

R: Mire, al impulsar la creación de la Red Nacional de Empresarios pretendíamos crear una buena relación con los empresarios. Después, le corresponde a la Secretaría aprovechar esta coyuntura y voluntad para desarrollar  programas con ellos para adecuarlos ambientalmente. La mayoría de los que se han integrado en Renaepa muestran esa voluntad, por ejemplo, a partir de la Coalición del río  Higuamo comienzan procesos de producción limpia y se han adecuado a las normativas ambientales. Eso significa que el sistema funciona.

El Pacto Global de Naciones Unidas ha propuesto que la Renaepa sea la contraparte local  en material ambiental,  la representante del país en este área ante el Pacto Global. Y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en el marco del DR-Cafta ha solicitado que Renaepa se integre a los seminarios y apoye el desarrollo del programa de capacitación  del DR-Cafta.

USAID y  The Nature Conservancy también y ha reconocido que es necesario que muestren esta voluntad. Los voluntarios a nivel comunitario apoyan las labores de represión del delito avisándonos de lo que ocurre en sus comunidades.  Las redes funcionan.

P: ¿Se combate mejor el delito ambiental con militares o con civiles?

R: Tenemos una situación de visión encontrada con respecto a qué es la protección ambiental. Hay una situación histórica. Algunos apelan a que no debe ser una tema militar, sino un cuerpo de inspectores, como es la EPA de EE.UU. y otros los que heredaron de la mística de la antigua Dirección de Foresta creen que deben ser militares. Mi opinión es que la cultura nacional todavía no nos prepara para que sean civiles. Siendo militares se nos

dificulta tanto, imagínese usted que fuera un cuerpo de inspectores sólo los encargados de proteger el medio ambiente.

P: ¿Dónde han formado en materia ambiental a los policías ambientales?

R: Proceden de las distintas instituciones militares y aquí le damos entrenamiento muy básico en materia ambiental a  través de charlas, cursos y conferencias. Ahora somos 230, aunque por decreto deberíamos ser 500. Hemos desarrollado la Escuela Nacional de Protección Ambiental y queremos ingresar bachilleres que vamos a entrenar en evaluación de procesos de selección de nuestras, caracterizar áreas, identificar especies maderables, determinar áreas protegidas utilizar GPS,... Queremos policías ambientales que puedan implementar expedientes que no creen ninguna duda sobre la violación que se ha ocasionado. Ya estamos trabajando en un acuerdo con la UASD para preparar a los que serán alumnos de la Escuela Nacional de Protección Ambiental en San Cristóbal. La hemos preparado con recursos que nos facilitó la Presidencia de la República, la tenemos lista, con las butacas y los abanicos, incluso. Falta el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente para empezar.

P: ¿No se logran avances reales en la protección ambiental?

R: Hemos avanzado en protección, sí. Pero no en la medida en que podíamos haberlo hecho. Y hay mucho por hacer. El tema de la descentralización, por ejemplo, primero una desconcentración geográfica de la propia Secretaría, pero también de la participación de los Ayuntamientos en los temas ambientales.

El ambiental es un tema transversal que se debe trabajar desde muchas dependencias y muchas instituciones. Una descentralización supervisada y responsable sería buena.

Un caso  real

El coronel Tiburcio Durán es inspector regional de la Policía Ambiental en Santiago.  Se le asignó inspeccionar un área donde había una tumba de caoba. Sucedió que era propiedad del Coronel Isabelito Maselles. El coronel de la Policía Ambiental recibió una demanda por daños y perjuicios y el proceso de esta demanda en contra del Oficial de la Policía Ambiental iba más rápido que el proceso del daño ambiental. "Tuvimos que buscar  todos los medios para bloquear ese proceso, el coronel que actuó iba a caer preso y el que cometió el hecho estaba tan tranquilo. Recibió una sanción administrativa y todavía no ha sido sancionado en los tribunales", se lamenta el general García.

Nunca hay ningún tipo de sanción, todo termina en una sanción administrativa o en una conciliación o en un recurso de oportunidad en la Procuraduría de Medio Ambiente."

Fuente: DiarioLibre.com