EL SALTO, Jarabacoa.- “Un crimen ecológico”. Así definen los residentes del paraje El Salto la extracción de materiales de construcción que realiza una minera y que está destruyendo lo que antes era una hermosa montaña.

Los campesinos del lugar dicen que en la medida que los equipos pesados hieren de muerte la montaña y sacan camiones llenos de materiales, así se le va la vida a este paraje “donde la naturaleza canta”.

Sólo en los días de campaña, afirman, del lugar se extrajeron miles de camiones cargados con incontables metros cúbicos de un material llamado tosca, que se utiliza para relleno en la construcción de carreteras.

Pero Cristian Galán Durán, dueño de la mina, y otros defensores del negocio como el periodista Alcides Díaz, califican como mínimo el impacto ecológico y afirman que la mina tiene más de 45 años operando.

Otra cosa, sin embargo, piensa la mayoría de los que viven en esta comunidad.

SANTO DOMINGO. Expertos nacionales y extranjeros alertaron ayer sobre la necesidad de masificar la atención y la inversión en el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, tras afirmar que en las zonas áridas es donde existen mayores niveles de pobreza.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Omar Ramírez; y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; de la agencia alemana GTZ y el subsecretario de Suelo y Agua y Punto Focal, Víctor García, participaron en la celebración del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía.

Se planteó que un manejo sostenible de la tierra implica la lucha contra la pobreza.

SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, se reservó el fallo en torno a una litis de saneamiento con fines de adjudicación de una porción de 35 millones 800 mil 522 metros cuadrados, que según informes de las autoridades corresponde al Parque Nacional del Este.

Las partes envueltas en el proceso concluyeron al fondo, durante una audiencia con el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras, Fermín Casilla Minaya, y su adjunto Duamel Hernández Polanco, quienes solicitaron revocar en todas sus partes la decisión rendida con respecto a la parcela 6, por el Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, que el 7 de diciembre del 2006 emitió una sentencia ordenando el saneamiento.

Casilla Minaya reclama la nulidad argumentando que la decisión es violatoria del artículo 37, numeral 21 de la las leyes 202-04, que establece los límites de la reserva natural, y la 64-00 sobre Medio Ambiente. Considera que las áreas protegidas son patrimonio inalienable del Estado y, en tal virtud, nadie puede usufructuarlas o disponer de ellas, sino es de acuerdo con lo establecido por la Ley Sectorial de Aéreas Protegidas.